El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo público internacional, de carácter intergubernamental. Se constituyó en el año 1972 bajo la iniciativa de los gobiernos de México, Perú y Venezuela. Su creación fue recomendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 2802 - XXVI) con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social.
Su misión es promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la Administración Pública, mediante la organización de reuniones internacionales especializadas, la publicación de obras, la prestación de servicios de documentación e información, la realización de estudios e investigaciones y la ejecución de actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y proveniente de otras regiones.
El CLAD es un organismo internacional de obligada referencia en las áreas de su competencia. Además del reconocimiento que ha logrado entre los gobiernos de Iberoamérica, diversos organismos públicos internacionales suelen solicitar su colaboración. Igualmente, desarrolla actividades de investigación y fortalecimiento institucional en conjunto con distintas instituciones gubernamentales de cooperación e instituciones de investigación y docencia de Europa, Estados Unidos y Canadá. Institucionalmente participa en otras instancias internacionales y es la secretaría técnica permanente de las Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado que se realizan en el marco de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno.
La confianza en la experiencia del CLAD fue refrendada, entre otras, en la III Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Salvador de Bahía, Brasil, en julio de 1993, cuyo Documento Final expresa el decidido respaldo a los programas de transformación del Estado y modernización administrativa del sector público que adelanta el Centro. Las sucesivas cumbres también expresaron su apoyo tanto a la labor del Centro como a las conclusiones y recomendaciones emanadas de sus reuniones especializadas, en particular de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado. Cabe destacar la resolución N° 5 de la Declaración de Guadalajara; la recomendación K del punto 25 del Documento Final de la Cumbre de Cartagena; los puntos J, I, P, del Anexo B de la Declaración de Bariloche; los puntos 6, 29, 31, 34, 35 y 37 de la Declaración de Viña del Mar; el capítulo IV de la Declaración de Isla de Margarita; la adopción integral de la "Declaración de Lisboa" por parte de la Cumbre de Oporto, al igual que la adopción de las resoluciones de "La Declaración de la Habana", por parte de la Cumbre de La Habana, la "Declaración de Panamá" por la Cumbre de Panamá, y la "Declaración de Santo Domingo", por la cumbre realizada en dicho país.
La "Declaración de Santa Cruz de la Sierra" firmada en Bolivia el 15 de noviembre del 2003, al concluir la "XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno", incluye una Resolución (Nº 11) en la que los altos mandatarios de los 21 países reunidos en esta ocasión reiteraron su empeño en lograr administraciones públicas más eficaces y transparentes y en promover los mecanismos adecuados para una mayor participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones, campos todos en los que está involucrado activamente el CLAD y que, de hecho, constituyen el núcleo fundamental de su quehacer institucional. Los mandatarios expresaron además su compromiso especial para avanzar en la profesionalización de la función pública de los países de la región y respaldaron los principios y orientaciones de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado realizada por el CLAD en junio del 2003.
De otra parte, el CLAD ha firmado Convenios de Cooperación Interinstitucional con diversos organismos, tanto multi como bilaterales, de ayuda al desarrollo, a efectos de crear sinergias y complementariedades para aumentar el impacto de sus acciones.
ULTIMAS INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DEL CLAD
Se encuentra ya publicado en la sección de Innovaciones y Tendencias del SIARE del CLAD el informe final de la investigación sobre las remuneraciones de los altos cargos que fue realizada en el año 2003, por encargo del Diálogo Regional de Políticas del BID, y que estuvo a cargo de Nelson Marconi, Laura Carillo, Claudia Helena Cavalieri.
El objetivo del estudio es analizar las prácticas salariales respecto de los altos cargos del sector público, buscando comparar los salarios pagados en el sector público con el sector privado, así como cotejar los diferenciales calculados a fin de determinar las políticas salariales para este grupo de servidores. Adicionalmente, el trabajo busca identificar la relación entre las reglas de formación de los salarios para este segmento del servicio civil y aquellas practicadas en el sector privado en los países analizados.
El estudio incluye los países siguientes: a) en América Latina: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Venezuela; b) en otras regiones, en el ámbito de la OCDE: España, Estados Unidos e Inglaterra. Durante el año 2004, se agregó Trinidad y Tobago.
Como las estructuras son distintas en los diversos países, se analizaron los salarios de las personas que ocupan el cargo de nivel más elevado en el Poder Ejecutivo (en el caso, los Ministros) y de los servidores que ocupan los tres niveles siguientes en orden descendente, quienes componen el grupo de los principales gerentes de gobierno. También se incluyeron estos niveles en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial.
Por otra parte, atendiendo a que es común la adopción de beneficios para flexibilizar la estructura salarial de los ocupantes de cargos de jefatura, se consideraron todos los tipos de compensación incluidos en la estructura de retribuciones del servidor.
Se incluyó una comparación efectiva entre los salarios existentes para los dirigentes en los sectores público y privado. Para ello, se levantaron los datos relativos a los salarios de dirigentes que ocupan cargos del mismo nivel jerárquico en el sector privado, en empresas de gran tamaño -que fueron comparables con las organizaciones gubernamentales-, buscando distinguir cuando fuese posible las empresas de origen nacional de las multinacionales. Tal distinción es importante, pues es posible que la política de remuneración practicada en estas últimas sea influenciada no sólo por las condiciones del mercado de trabajo del país, sino también por directrices de cada empresa específica aplicadas a nivel mundial, mientras las empresas nacionales deben reflejar de forma más exacta la situación económica del país y sus respuestas sobre el correspondiente nivel de empleo y de los salarios.
Se investigaron los salarios devengados por los directores-presidentes y por los ocupantes de los cargos de los tres niveles jerárquicos abajo de ellos y se confrontó con la remuneración establecida para los ocupantes de los mismos niveles jerárquicos en el sector público, a fin de calcular el diferencial de salarios entre ocupantes de cargos que posean el mismo nivel de responsabilidad, atribuciones y, posiblemente, conocimiento y experiencia.
Los datos referentes a los dirigentes del sector privado, fueron gentilmente suministrados por la empresa de consultoría Deloitte, que desarrolló una metodología reconocida y respetada para levantar informaciones salariales junto a las organizaciones privadas en diversos países.
La comparación salarial con base en estos datos se realizó en algunos de los países incluidos en la muestra, que corresponden a aquellos para los que Deloitte proporcionó las informaciones necesarias. Ellos son, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México, países, en todo caso, bastantes representativos de la muestra.
El CLAD solicitó la colaboración de sus representantes en los gobiernos de los países escogidos, para recabar la información.
Los resultados de la investigación fueron presentados en la Reunión de la Red de Transparencia y Gestión, que se realizó en el BID en diciembre del 2003, y a partir de las observaciones realizadas fue elaborado el informe final.
Entre los hallazgos de la investigación destaca el hecho de que la remuneración de los altos cargos pareciera no estar asociada al nivel de desarrollo económico de los países.
Con el propósito de extraer lecciones que puedan ser útiles para los países que se encuentren en proceso de introducción de este tipo de innovación, durante el 2003 y bajo la dirección de Nuria Cunill, Directora de Programas del CLAD, el CLAD encomendó a José Luis Tesoro, coordinador de proyectos de investigación del INAP de Argentina, el desarrollo de la investigación sobre "El gobierno electrónico como medio para acercar el Estado a la ciudadanía".
Las líneas generales de la investigación fueron las siguientes:
1. Relevamiento de experiencias emblemáticas en América Latina y elaboración de cuadros sintéticos de sus principales contribuciones respecto de los siguientes temas vinculados al e-government: i) Mejora en los trámites de la administración con sus usuarios (tanto para los ciudadanos como para los agentes económicos), y ii) Mejora de la información de la administración a la ciudadanía.
2. Elaboración de un directorio de unidades que se encargan del e-government en América Latina
3. Realización de un inventario de los avances en las condiciones para facilitar la implantación del e-government (ejemplo: firma digital, habeas data, etc.)
En septiembre del 2003 los resultados de la investigación se publicaron en "El Gobierno Electrónico como medio para acercar el Estado a la Ciudadanía", que constituye el quinto componente de la sección "Innovaciones y tendencias en la gestión pública" del SIARE. La investigación contó con el financiamiento de UNPAN.
La investigación se realizó entre el 2001 y el 2002 bajo la dirección de Nuria Cunill, Directora de Programas del CLAD, con la colaboración de Sonia Ospina, Profesora de la New York University, quien elaboró el marco teórico y metodológico. Los estudios versaron sobre los sistemas y herramientas de evaluación de la gestión pública desarrollados en Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay, y estuvieron a cargo de los siguientes investigadores: Marianela Armijo, Sonia Ospina, Mario Mora y Emilio Freijido, respectivamente. El estudio comparativo estuvo a cargo de Nuria Cunill y Sonia Ospina.
Los resultados de la investigación fueron publicados en un LIBRO en el año 2003. También fueron presentados en un taller que se celebró en septiembre de 2002 en Guatemala.
El objetivo general de la investigación fue aportar conocimientos prácticos y teóricos sobre el papel de la evaluación en el mejoramiento de la gestión pública. En particular, la investigación buscó: identificar áreas críticas que influyen en el diseño e implementación de la evaluación de la gestión pública orientada a resultados; y desarrollar hipótesis sobre el papel que la evaluación juega en la modernización y democratización del Estado.
Cada estudio de caso consistió en un examen detenido del proceso de definición, conceptualización, diseño e implantación del sistema y/o herramientas de evaluación de la gestión pública y se propuso contribuir a los objetivos especificados arriba, así como a que la investigación pudiera responder las preguntas siguientes:
¿Qué papel juegan los esfuerzos de evaluación de la gestión pública en Colombia, Chile, Costa Rica y Uruguay en los procesos de modernización y democratización del Estado y la administración pública?
¿Cuáles son las diferencias que caracterizan los sistemas de evaluación de cada país, y cuáles las semejanzas que permiten pensar en ellos como respuestas similares a la modernización y democratización de la administración pública en estos países?
Con base en los hallazgos de la investigación, ¿en qué medida el diseño de un sistema integrado -en los términos propuestos por el marco teórico- contribuye a que la evaluación sea una herramienta efectiva para el mejoramiento de la gestión?
¿Qué lecciones teóricas y prácticas se pueden deducir del estudio de estos casos y qué sugerencias se pueden proponer para el futuro desarrollo de los esfuerzos estudiados, así como para el desarrollo de esfuerzos similares en otros países de la región?
Con la finalidad de presentar los principales resultados de la investigación de una manera ágil y dinámica, en junio de 2002 el CLAD diseñó una nueva sección en el SIARE, llamada "Innovaciones y Tendencias en la Gestión Pública". En el primer tema de esta sección, denominado "La evaluación como herramienta para una gestión pública orientada a resultados", se incorporaron cuadros y resúmenes ejecutivos relativos a cada uno de los ejes temáticos de la investigación, así como los cuadros comparativos respectivos.
Como producto del convenio firmado con el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), de España, en el año 2002 se inició el desarrollo de esta investigación que, entre otros fines, se propuso apoyar la celebración de la IV Conferencia de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado.
Oscar Oszlak preparó el documento base que fue expuesto en la referida conferencia y que constituyó el marco teórico-metodológico de los estudios de casos nacionales. Estos estuvieron referidos a Brasil, Chile, Costa Rica y México y fueron desarrollados por Regina Pacheco, Rodrigo Egaña, Luis Lorenzo Rodríguez y David Arellano, respectivamente.
El objetivo del CLAD con esta investigación es aportar conocimientos prácticos y teóricos sobre la tensión en los procesos de profesionalización de la función pública entre las reglas de juego que el modelo burocrático tradicional ha impuesto a la organización y funcionamiento de los sistemas de servicio civil, y la flexibilización de esas reglas, propuesta por la corriente de la nueva gestión pública.
En particular, los estudios de casos procuraron responder las preguntas siguientes:
¿Cómo se vinculan los procesos de profesionalización con las propuestas de una nueva gestión pública?
¿Cómo se expresa la tensión entre la profesionalización, que exige un cierto grado de estabilidad del servicio civil y la flexibilización en la administración del recurso humano?
¿Cuáles pueden ser las posibles estrategias y condiciones mínimas para viabilizar los procesos de profesionalización de la función pública?
¿Cuáles son las estrategias para la profesionalización de los cargos directivos de confianza en la Administración Pública?
Julio César Fernández y Nuria Cunill, en la Secretaría General del CLAD, coordinaron estos estudios.
Los resultados de la investigación respecto de Brasil, Chile y México, junto con el documento base, fueron publicados en un LIBRO en el año 2003.
Los principales resultados de la investigación y otros que puedan orientar procesos similares serán presentados en la sección "Innovaciones y Tendencias en la Gestión Pública" del SIARE. En la nueva sub-sección se incorporarán cuadros y resúmenes ejecutivos relativos a cada uno de los ejes temáticos de la investigación, así como los cuadros comparativos respectivos.
Este trabajo de investigación se desarrolló entre los meses de noviembre de 2001 y enero de 2002, como parte de la agenda de la Red de Gestión Pública y Transparencia del Diálogo Regional de Políticas iniciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, organismo que encomendó al CLAD hacer los arreglos para su supervisión y realización. Los investigadores fueron José Alberto Bonifacio y Graciela Falivene y los resultados se presentan en la sección del SIARE dedicada a "Innovaciones y Tendencias en la Gestión Pública".
El estudio tuvo como finalidad ofrecer un análisis comparativo sobre las relaciones laborales en la Administración Pública en cuatro países de la región (Argentina, Costa Rica, México, Perú) y sus tendencias. Atendiendo a ello, el trabajo recopiló y sistematizó la información y conocimiento disponibles sobre la materia, utilizando fuentes secundarias así como informantes clave.
El análisis cubre el período 1990-2000, que ha estado caracterizado, entre otros procesos, por los de ajuste y modernización estatal.
En el estudio realizado en los cuatro países se comprueba que las relaciones laborales en el sector público presentan antecedentes que guardan relación, no sólo con los sistemas jurídico-administrativos sino con las diversas prácticas efectivas, y que en su dinámica y desarrollo han sido determinantes los cambios en el entorno político, social y económico. Además, se evidencia que en el complejo panorama de reformas que afectan al sector público latinoamericano, las relaciones de empleo han estado sujetas a diferentes políticas en cada país.
Se aprecia asimismo que todo sistema de relaciones laborales intenta superar el conflicto subyacente en el mundo del trabajo a través de medidas e instrumentos adecuados a las exigencias de la coyuntura económica y social, y que el sistema de relaciones laborales en el que las partes implicadas participan más directamente aportando soluciones y compromisos presenta ventajas en la comparación con aquél en el cual existen dificultades en los canales de diálogo o existe tendencia a la confrontación.
Por otra parte, se han encontrado fenómenos comunes por el efecto de la introducción de nuevas tecnologías, los cambios en los mercados de trabajo insertos en la globalización, exigencias de la oferta y la demanda, y nuevas formas de externalización del trabajo, en especial a través del recurso a la subcontratación.
Estos nuevos fenómenos requieren que los núcleos técnicos del funcionamiento estatal encaren las relaciones laborales tratando de obtener soluciones prácticas, rápidas y eficaces. De hecho, para lograr una buena marcha del sector público, las relaciones laborales tienen nuevas exigencias de compromiso de los actores y también de una participación activa y corresponsabilidad en los resultados.
Con base en estas observaciones se elabora un modelo conceptual de "relaciones laborales constructivas". En este modelo, las relaciones laborales se desarrollan en un contexto democrático, y fortalecen a la administración pública para el mejor cumplimiento de sus objetivos institucionales, reconociendo indispensable la existencia de un servicio civil de carrera que sustente al núcleo técnico e institucional a través del cual el estado de derecho ejerce sus funciones indelegables.
A efectos de poder comparar el desarrollo de las relaciones laborales constructivas en los países y casos estudiados, se presenta un "Índice de Desarrollo de las Relaciones Laborales Constructivas", que identifica la presencia de diez características, comenzando por aquellas relaciones contractuales que promueven el diálogo, y midiendo aquellas dimensiones que permitan vislumbrar el potencial para transformar las antiguas relaciones conflictivas y de valores excluyentes en otras cooperativas, solidarias y en alianza con la sociedad; donde puedan emerger valores e intereses complementarios entre los trabajadores del Estado y las finalidades de los organismos públicos.
A partir del año 1999 el CLAD, con el apoyo del BID, se propuso impulsar un proyecto de investigación que contribuyera a determinar los cambios que requieren ser introducidos en el eje estratégico del aparato del Estado, a efectos de incrementar la eficiencia y la democracia, tanto en los procesos de formulación y administración de las políticas públicas como en las nuevas actividades de regulación.
La investigación incluyó el análisis de una serie de casos empíricos, a saber:
I. Entes ministeriales. Los casos de los ministerios de Hacienda y de Salud en Chile (Cristina Filgueiras); Los casos del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, y del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en Argentina (Eduardo Salas); Los casos de los ministerios de Educación y de Economía en El Salvador (José Jesús Sandoval).
II. Agencias reguladoras y de control. La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras en Bolivia (Xavier Nogales); La reforma del sector telecomunicaciones en Venezuela: experiencias del ente regulador CONATEL (Julieta Umérez de Pereira); La Superintendencia Nacional de Salud, la descentralización y la reforma de la seguridad social en salud en Colombia (Iván Jaramillo).
Los trabajos en referencia se han divulgado en la "Serie Documentos Estudios de Casos".
Por otra parte, a efectos de difundir los tres trabajos generales desarrollados en el marco del Proyecto, en el 2001 se ha publicado el LIBRO con el título en referencia.
El primer trabajo, titulado "Modernización de la Administración Pública en América Latina: Evaluación de los Recientes Cambios en la Gerencia de los Ministerios y de las Agencias Reguladoras", de Peter Spink, constituyó originalmente el marco teórico-metodológico para los estudios empíricos. Con las debidas adaptaciones, se incluye en la obra porque es un valioso aporte para evaluar el carácter y orientación de las transformaciones organizativas e institucionales que están acaeciendo en el sector público, y particularmente en los ministerios y agencias reguladoras de América Latina. En tal sentido provee de los argumentos a favor y en contra de un estilo de administración gerencial ("una nueva gestión pública") y desarrolla una serie de preguntas e indicadores que pueden ayudar a cualquier estudioso o consultor interesado en estos temas.
El segundo trabajo, titulado "La Nueva Gestión Pública en la Reforma del Núcleo Estratégico del Gobierno: Experiencias Latinoamericanas", de Francisco Longo y Koldo Echebarria, ofrece una contribución al debate en torno a las posibilidades y limitaciones de la nueva gestión pública. Además, extrae una serie de conclusiones sobre su aplicación en América Latina a través de la evaluación comparativa de los tres estudios de casos referidos a ministerios de las áreas económica y social, así como a partir de la experiencia de los autores.
El tercer trabajo, titulado "Regulación, Agencias Reguladoras e Innovación de la Gestión Pública en América Latina", de Carlos Stark, constituye un aporte respecto de los cambios necesarios sobre las agencias reguladoras desde el punto de vista de sus sistemas de gestión, habida cuenta del "rezago organizacional" que tiende a caracterizarlas. El estudio se basa en evidencias empíricas aportadas por varias investigaciones, así como en las que se desprenden de los tres estudios de casos sobre agencias reguladoras que fueron desarrollados en el marco del Proyecto.
Partiendo de la base que la creación de un nuevo aparato estatal más eficiente y efectivo y en última instancia con mayores poderes de acción y regulación, debe producirse al mismo tiempo que se mejora el control público y la propia democracia de la gestión pública, el Consejo Científico del CLAD, a partir del año 1999, adopta como objeto de estudio el de la responsabilización en la nueva gestión pública latinoamericana. Para ello recibe el apoyo financiero del BID.
La responsabilización es una expresión que intenta traducir la noción inglesa de accountability, la cual no tiene un equivalente directo en los idiomas latinos. Sin embargo, al emplear este término se ha modificado en parte el sentido de la accountability para referir tanto al deber de la Administración Pública de rendir cuentas ante la sociedad como al derecho de los ciudadanos de controlar la acción de los gobiernos.
¿Cómo adviene esa responsabilización? El Consejo Científico asume que existen dos formas clásicas: el control de procedimientos y el control parlamentario; así como tres formas modernas: el control por resultados, el control por competencia administrada y el control social.
El balance general de la experiencia latinoamericana apunta hacia una doble conclusión: por una parte, se ha avanzado significativamente en comparación con el pasado, por medio de la aplicación de nuevas medidas en pro de la responsabilización de la administración pública; pero, por otra parte, los mecanismos de accountability no se han desarrollado de igual manera, aparte de que persisten varias cuestiones no resueltas en cada una de esas medidas y en la manera en que ellas se relacionan.
Los cambios efectuados en la década del noventa constituyen pasos fundamentales, no obstante lo cual la responsabilización de la administración pública se expresa todavía en forma dispersa y desarticulada. Por consiguiente, es preciso establecer un lugar propio y destacado para el tema de la responsabilización en la agenda política de América Latina, replanteando la prioridad de sus instrumentos, su respectivo alcance y la estrategia de implementación de los mismos en una forma global e integrada.
El LIBRO que da cuenta de esta investigación fue publicado en el 2000 y consta de los siguientes capítulos: "La Responsabilización ("accountability") en la Nueva Gestión Pública Latinoamericana" (Consejo Científico del CLAD), "Responsabilización por los Controles Clásicos" (Enrique Groisman y Emilia Lerner), "Responsabilización por el Control Parlamentario" (Fátima Anastasia), "Responsabilización por el Control de Resultados" (Mario Mora Quirós), "Responsabilización por la Competencia Administrada" (Fernando Luiz Abrucio), "Responsabilización por el Control Social" (Nuria Cunill Grau), y "La Responsabilización Múltiple. Consideraciones Finales" (Consejo Científico del CLAD).
El Consejo Científico convino en asumir la responsabilidad de la preparación del documento en referencia, como parte de su objetivo de ofrecer al CLAD temas de frontera sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública y de debatirlos con los miembros de la organización. La reunión del Consejo Directivo del CLAD, del 14 de octubre de 1998, adoptó el documento, con lo que se convirtió en un documento oficial del CLAD.
En el documento, el CLAD asume que en el proceso de reconstrucción del Estado latinoamericano, el mayor desafío está en compatibilizar las tendencias mundiales de cambio con las especificidades de la región. Reconoce, en tal sentido, que la consolidación de la democracia, la necesidad de retomar el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad social son las tres especificidades que plantean nuevos horizontes a la reforma del Estado en América Latina.
Con base en este marco, el documento se centra en determinar las características y objetivos generales que debiera satisfacer la Reforma Gerencial de la Administración. El CLAD postula que este tipo de reforma es la que ofrece las mejores respuestas a los desafíos económicos, sociales y políticos, admitiendo, a la vez, que ella presupone, completa y modifica la primera gran reforma del Estado moderno, la reforma burocrática weberiana. Sostiene, asimismo, que la Reforma Gerencial delinea una estrategia diferente de la asumida por las reformas hasta el momento actual, en tanto ella constituye una reforma democrática y progresista que propone una nueva burocracia, y no el fin de la burocracia, así como la redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad, con la construcción de una esfera pública que involucra a ésta última en la gestión de las políticas públicas.
Con el apoyo del Proyecto para la Modernización de la Administración Pública en América Latina y el Caribe BID/CLAD 1997-1998, se traza el objetivo de analizar una de las innovaciones clave surgidas en los procesos de reforma del Estado, cual es la forma de propiedad y de control público no estatales ni privados que se estiman centrales para la ampliación de los servicios sociales y el fortalecimiento de la democracia. La coordinación de la investigación estuvo a cargo de Luiz Carlos Bresser Pereira y Nuria Gunill Grau.
El LIBRO editado en 1998, que recoge los resultados de la investigación, consta de los siguientes capítulos: Introducción: "Entre el Estado y el mercado: lo público no-estatal" (Luiz Carlos Bresser Pereira y Nuria Cunill Grau); La Producción de Servicios Sociales a través de Organizaciones Públicas no Estatales: "Suministro de servicios sociales a través de organizaciones públicas no estatales. Aspectos generales" (Carlos Antonio Morales), "Las ONGs y la prestación de servicios sociales en América Latina: el aprendizaje ha comenzado" (Juan Carlos Navarro), "Las organizaciones sociales en la reforma del Estado brasileño" (María Inés Barreto), "Autogestión social de obras y servicios públicos locales. Lo 'público no estatal' a partir de un estudio de caso en la ciudad de Córdoba, Argentina" (Gustavo Zilocchi), "Políticas sociales y justicia comunitaria. Acciones de interés público desde la sociedad civil en Chile" (Sebastián Cox Urrejola); El Control Social: "Ciudadanía y control social" (Liszt Vieira), "La veeduría ciudadana en Colombia: en busca de nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad civil" (Fabio E. Velásquez C.), "Democracia y control social de fondos públicos. El caso del 'presupuesto participativo' de Porto Alegre (Brasil)" (Zander Navarro), "El control social en las organizaciones sociales en Brasil" (Marianne Nassuno), "Poder Ciudadano y las acciones de interés público, un ejemplo de control desde la sociedad civil: el programa de participación y fiscalización ciudadana en Argentina" (Beatriz Kohen), "Control social y control de resultados: un balance de los argumentos y de la experiencia reciente" (Evelyn Levy); Desafíos Prospectivos: "Redistribución de derechos y responsabilidades: Ciudadanía y capital social" (Charles A. Reilly), y "Límites actuales del potencial democratizador de la esfera pública no-estatal" (Edgardo Lander).
En el marco del Proyecto para la Modernización de la Administración Pública BID/CLAD 1997-1998, se formula esta investigación destinada a analizar las nuevas instituciones de regulación estatal desarrolladas en la región a partir de la privatización o concesión de la gestión de servicios públicos.
La investigación fue coordinada por Arthur Barrionuevo y Eugenio Lahera y estuvo integrada por los siguientes trabajos, que se recogen en el LIBRO homónimo, publicado en 1998: "Políticas de regulación" (Eugenio Lahera), "Regulación, privatización y competencia: lecciones de la experiencia chilena" (Eduardo Bitrán), "Regulación y control del servicio de electricidad en la Argentina" (Alberto Devoto), "Los cambios recientes en la regulación del sector eléctrico de Brasil" (Adriano Pires Rodrigues y Danilo Dias), "Regulación y privatización del sector eléctrico mexicano" (Fernando Butler S.), "Regulación de las telecomunicaciones en Perú y Venezuela" (José Ricardo Melo), "Regulación de las telecomunicaciones en Bolivia y Nicaragua" (Alejandra Herrera), "Perspectivas de la privatización en el sector de telecomunicaciones de Brasil" (Marcio Wohlers de Almeida), "La regulación en períodos de transición: el caso de los servicios de agua potable y saneamiento en América Latina" (María Elena Corrales), "La regulación y control del servicio de agua potable y desagües en Argentina" (Andrea López), y "Conclusiones sobre las políticas de regulación" (Arthur Barrionuevo Filho).
La investigación estuvo a cargo de Nuria Cunill Grau. Los resultados fueron publicados en el LIBRO homónimo, editado en el año 1997.
Teniendo como norte el fortalecimiento de la sociedad, el trabajo recupera la noción de lo público y con base en ella emplaza el carácter de las relaciones Estado-Sociedad, asumiendo que existen fuentes de iniquidades que sólo pueden ser embatidas a través de un Estado democrático que sea, a su vez, capaz de aceptar sus propios límites. La reforma institucional y la democratización de la sociedad política, tanto como de la Administración Pública, se constituyen así en los ejes de atención del trabajo.
El capítulo primero de la obra tiene como propósito central mostrar que si bien la esfera pública se ha circunscrito a los límites del Estado, su activación, sus principales agentes, así como sus avances y retrocesos, anclan sus raíces en la propia sociedad. Se recupera, bajo este marco, la posibilidad de apelar a una racionalidad comunicativa que conduzca a hacer valer un principio ético discursivo en el proceso de conformación de la voluntad y opinión política, y que permita conectar el principio de la igualdad política con el ideal de la participación en los asuntos que conciernen a todos y, por ende, son de interés de todos.
El capítulo segundo se centra expresamente en la referida posibilidad, interpelando a la "participación ciudadana" como medio para propender a trasmutar las asimetrías en la representación e intermediación política a través de formas de representación social que no impliquen la delegación de mandatos y soberanía y que puedan, a su vez, contribuir a la presión por la democratización de los mecanismos tradicionales a través de los cuales la esfera público-social puede operar como una instancia de crítica y control sobre el aparato del Estado. Tanto la crítica como las proposiciones que se desarrollan sobre las modalidades y mecanismos institucionales para la participación ciudadana se basan en los principios sobre los que se asienta la legitimidad democrática modernamente: igualdad y pluralismo político y deliberación pública. Se asoma además la importancia de la solidaridad para recrear el ejercicio de la autonomía social en la satisfacción de necesidades públicas, tanto como por su contribución ética para la construcción de ciudadanía.
El último capítulo desplaza el eje de atención sobre la Administración Pública. La premisa de la que se parte es que la recuperación del espacio público exige no sólo de nuevos arreglos institucionales que viabilicen una influencia plural sobre el proceso de formación de la voluntad y la opinión política, sino de la democratización de las instituciones políticas y jurídicas, una de las cuales es la propia Administración Pública. Habida cuenta del patrón corporativo que tiende a signar su operación, y a sus importantes déficit en responsabilidad social y en eficacia, el estudio se orienta a exponer los límites conceptuales y prácticos de los esfuerzos recientes de la reforma administrativa, así como del actual movimiento hegemónico con su enfoque mercantilista. La superación de este enfoque, tanto como del burocrático, para contribuir a construir una nueva institucionalidad pública, es el problema que orienta las observaciones finales. La importancia que para la reforma administrativa adquieren la representación y la participación social queda acá denotada, intentando con ello reforzar la visión que sugiere que el fortalecimiento de la sociedad y del Estado se implican recíprocamente cuando está en juego lo público.
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