La ley N° 20.088, (D.O. de 05.01.2006) establece la obligación de presentar una Declaración Jurada de Patrimonio a las más altas autoridades de los poderes del Estado, herramienta obligatoria y pública, que forma parte de la Agenda de Transparencia del gobierno, y cuyo objetivo es permitir a la ciudadanía constatar, por primera vez en la historia del país, de qué modo evoluciona el patrimonio de estas autoridades mientras permanecen en sus cargos públicos.

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