Constituyen Comisión Interministerial de Participación Ciudadana

Con la presencia de los subsecretarios de Hacienda y de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB), Alejandro Micco y Omar Jara, respectivamente, se constituyó la Comisión Interministerial de Participación Ciudadana.

La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de La Moneda y, además, contó con la presencia de representantes de los servicios integrantes de dicha Comisión: los jefes de la Unidad de Participación Ciudadana de la SEGEGOB, José Miguel Donoso; de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Jimena Valdebenito; de la Subsecretaría General de la Presidencia, William García; de la Subsecretaría de Justicia, Alejandra Díaz; de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Luis Silva; del Servicio de Registro Civil, Jorge Álvarez, Digna Vidal y Katia Barros; de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Camilo Ballesteros; y de la Dirección de Presupuestos, Lorena Escobar.

Según explicó el subsecretario General de Gobierno, Omar Jara, “esta instancia que constituimos hoy, es parte del programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet y es fruto, en particular, de los compromisos presidenciales adoptados después de la entrega, en enero pasado, del Informe sobre el estado de la participación ciudadana en Chile por parte del Consejo Nacional de Participación designado por la Presidenta para este efecto”.

La autoridad precisó que dicha instancia trabajó durante casi un año en el informe. “Este fue producto de la labor en todo el país, ya que el Consejo se constituyó en regiones, participando alrededor de mil 200 dirigentes sociales”.

Añadió que cuando el 13 de enero pasado la Presidenta Bachelet recibió el mencionado informe, “se comprometió a sacar adelante algunos de los planteamientos incluidos en ese trabajo y, en particular, este Comité Interministerial fue uno de esos compromisos”.

En la ocasión, la Presidenta señaló que “este esfuerzo no puede detenerse aquí. Para comenzar a implementar cuanto antes las recomendaciones del Informe, el Ministerio Secretaría General de Gobierno evaluará cada propuesta, para que en el curso de los próximos meses se envíen al Congreso las iniciativas legales que correspondan y se pongan en marcha las medidas de gestión que el informe sugiere”, dijo.

El subsecretario Jara puntualizó que la Comisión Interministerial “nació de la necesidad de enfrentar con un enfoque transversal el Informe del Consejo Nacional de Participación, en virtud de que muchas de las propuestas y medidas evacuadas en el informe tienen relación con competencias y atribuciones de otros ministerios y servicios. Por ello, nuestro Ministerio debe considerar la opinión técnica y política de esas autoridades, a quienes les competen legalmente dichas materias”, indicó.

En suma, afirmó Jara, “el propósito del Comité es analizar las propuestas del Informe en materia de reformas legales y medidas administrativas desde la perspectiva del Gobierno. Es decir, analizar la viabilidad técnica, legal, administrativa y política de estas sugerencias que hizo el Consejo respecto de la facilitación y el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas que nos permitan cumplir con este concepto de gestión pública participativa”, expresó.

Cabe destacar que, durante el año 2017, la Comisión sesionará en tres oportunidades y el producto de su trabajo será un informe a la Presidenta de la República, con las medidas priorizadas y definidas que se recomiendan establecer como una Agenda Pro-Participación, cuya implementación quedará en manos de la siguiente administración.

El informe deberá ser sancionado en la tercera sesión para su entrega en noviembre de este año. “No obstante, concluyó el subsecretario Jara, el trabajo de la Comisión no se agota en este primer informe, sino que se proyecta por lo menos hasta el 2018”.

El Plan de Trabajo para el año 2017 contempla temas legales y los que se refieren a medidas administrativas y de política, destinadas a fortalecer la sociedad civil. Entre los primeros se incluyen las reformas de la Ley N° 20.500. Al respecto, una moción parlamentaria modificará la Ley de los Tribunales Electorales Regionales y se estudia una reforma para garantizar el financiamiento y obligatoriedad de los mecanismos de participación.

También están en estudio reformas a las leyes Nº 18.695 (Orgánica Constitucional de Municipalidades); Nº 18.575 (Orgánica Constitucional de Bases de Administración del Estado); N° 19.175 (Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional); N° 19.418 (de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias). También se analiza modificar el Reglamento para Constitución de Federaciones y Confederaciones de Uniones Comunales (Ley N° 19.418) y la elaboración de la norma única de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

En relación al fortalecimiento de la sociedad civil, se contempla modernizar el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro; estandarizar el sistema de postulación y rendición de fondos concursables destinados a las organizaciones de la sociedad civil; la incorporación de la participación ciudadana en la gestión regional; la creación de un portal único para organizaciones de la sociedad civil con información, formularios de postulación a fondos, bibliotecas digitales, etc.

Antecedentes
En su programa de gobierno, la Presidenta Bachelet se comprometió a crear un “Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil”, cuya tarea debía ser la difusión y promoción del derecho a la participación y fiscalización ciudadana para que los órganos públicos cumplieran adecuadamente con sus obligaciones en esta materia.
La labor de fomentar la participación ciudadana en virtud de la Ley N° 20.500 recayó en la Subsecretaría de la SEGEGOB, porque parte de su labor es trabajar con las organizaciones sociales del país. Estas suman más de 200 mil y la DOS tiene un registro de aproximadamente 60 mil dirigentes en todo el país.

Dado que las funciones que se le otorgaron a dicha instancia requerían modificaciones legales, se prefirió conformar un Consejo Asesor Presidencial que entregara un informe al Ejecutivo para que este resolviera los cambios a la institucionalidad de participación existente.

El 14 de enero de 2016 se constituyó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, conformado por consejeros provenientes de una variada gama de organizaciones de la sociedad civil, con representación de regiones.

Su misión era doble: proponer modificaciones a la Ley N° 20.500 para mejorar la efectividad y la incidencia real de la ciudadanía en la gestión pública, que incluya una institucionalidad, y elaborar un informe base sobre la participación ciudadana en Chile que sirva para un futuro Índice de participación.

La Mandataria pidió al Consejo realizar su tarea de manera participativa y vinculada con el proceso constituyente. Un año después, el 13 de enero pasado, el Consejo entregó a la Presidenta Bachelet el informe final. Este incluyó, en lo esencial dos partes: un balance de la situación de la participación en Chile, así como también propuestas y recomendaciones.

El instructivo presidencial señaló que “una Comisión Interministerial encabezada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno tendrá como misión recoger, procesar y sistematizar las proposiciones de modificaciones legales formuladas por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil.”

Fecha: 
Viernes, 23 Junio 2017